Ayer tuvimos una reunión la Asociación de Vecinos Ríos de Aragón en representación del problema de la Avenida Cataluña, el Vocal de CHA en el Rabal, el Director General de Urbanismo y el Consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, para intentar buscar un desbloqueo a una situación absurda que dura excesivos años y afecta muy negativamente al desarrollo urbano de la ciudad de Zaragoza.
No es un problema que afecte sólo a los vecinos de la parte baja de la Avenida de Cataluña. Estamos hablando que esa vía de comunicación directa y única con toda Zaragoza la emplean directamente entre 25.000 y 30.000 zaragozanos. Afectados por el uso de una carretera NII que se encuentra en el centro de Zaragoza y que el Ayuntamiento no puede arreglar y dignificar para ponerla en línea con otras avenidas de la ciudad. Pero los afectados directamente son muchos más.
El barrio de La Jota como última zona ordenada urbanamente antes del agujero que supone tener un espacio de 1,5 kilómetros lleno de servicios básicos pero sin poder desarrollar, no está creciendo sino al contrario, perdiendo población, por la lógica urbana y sociológica de que no se construye allí donde los inversores no ven claro qué va a suceder en el futuro. Pero en cambio estamos llevando a los ciudadanos de Zaragoza a mucha distancia del centro de la ciudad, a zonas sin servicios de transporte urbano, de comercio, sanidad o educación, y olvidándonos que hay enormes zonas vacías con todos los servicios y sin desarrollar a media hora andando u ocho minutos en autobús del centro de la ciudad.
El Gobierno de Aragón no es competente en carreteras que dependen del Ministerio de Fomento y que cuando este quiera, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Una vez dejado claro esto, se pasó a analizar de qué manera el Gobierno de Aragón puede ayudar decididamente a resolver este asunto que afecta a toda Zaragoza.
Y con la presentación de documentación por parte de los vecinos, junto al que ya poseía el Consejero, se abrieron algunos puntos de actuación que deben ayudar a que la intermediación del Gobierno de Aragón sirva para desatascar lo que debería ser lógico, pues en otras localidades de diversos territorios ya lo ha sido con facilidad. En Plasencia, El Ferrol, Vigo, Pontevedra o Sevilla, problemas similares o más complejos se han resuelto sin tanta dilación.
El Defensor del Pueblo tiene un papel importante en lograr avanzar en este tema por el trabajo que él mismo ya ha desarrollado y se acordó informar al mismo de la posición del Gobierno de Aragón, para que tome en consideración el asunto y no como una petición de unos vecinos que llevan varios años en contacto con esta autoridad que media entre instituciones y ciudadanos, sino como un tema donde el propio Gobierno de Aragón es conocedor y partícipe.
Es lógico y muy necesario abrir también consultas constructivas con el Ministerio de Fomento o como se llame en cuanto haya gobierno, pero sin duda el hecho de que no esté formado dificulta las posibilidades rápidas de desatascar el proceso.
Y se creará una mesa de trabajo con el representante del Ayuntamiento de Zaragoza como receptor de la avenida y quien tendrá que dirigir las obras de adecentamiento y reforma.Se trata pues de liderar un proceso de corvergencia entre instituciones, que facilita la solución que entre todos hemos logrado que parezca imposible.
¿Se logrará resolver el problema? Pues hay que esperar que sí. Hay que destacar en este problema la perseverancia responsable de los vecinos, de la Asociación Ríos de Aragón, y sobre todo la de uno de sus miembros, que con su enorme trabajo de investigación, reclamación responsable, y conocimiento del problema hasta el mínimo detalle, logran facilitar la labor. Es cierto que los problemas económicos afectan muy negativamente a la solución, pero no es de recibo la discriminación por razones de territorio, con independencia de quién es el responsable político de cada uno de ellos.